Diez sindicalistas del gremio de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) de Bahía Blanca, entre ellos su secretario general, fueron detenidos este jueves acusados de asociación ilícita y extorsión, en una investigación en la que otras cuatro personas están prófugas.

Por orden del fiscal Gustavo Zorzano, efectivos de la Policía Bonaerense, encabezados por el jefe de la fuerza, Fabián Perroni, llevaron a cabo 19 allanamientos en simultáneo, en los que se produjeron los arrestos.

Entre los detenidos está Humberto Monteros, titular del gremio bahiense, quien fue apresado en su casa en la localidad de Monte Hermoso, donde se hallaron más de 5 millones de pesos y 100 mil dólares, en bolsas y cajas, además de drogas.

Los efectivos de la bonaerense ingresaron en horas de la madrugada a la vivienda de Monteros, y también allanaron la sede de la UOCRA de Bahía Blanca y viviendas en Coronel Suárez.

Fueron detenidos los gremialistas José Burgos, Pablo Gutiérrez, Nelson Cabrera, Carlos Carrillo, Mario González, Raúl Erbín, Sergio Vázquez, Aníbal Aranda y David Muñoz. Otros cuatro sindicalistas permancen prófugos.

El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, consideró que se trata de “una señal para quienes realizan estas prácticas de naturaleza mafiosa, para que sepan que este tipo de cosas no pueden seguir pasando”.

En declaraciones publicadas por el diario La Nueva Provincia, Fernández subrayó: “Estamos hablando de muchísimo dinero, en algunos casos (se exigía dinero) en función de la envergadura de la obra y por la cantidad, porque de cada obra se llevaban su tajada”.

El fiscal general indicó que lo incautado constituye sólo “una pequeña parte”, debido a que en algunos casos la extorsión a una sola empresa llegaba a los 750 mil pesos y que en ocasiones se llegaba a solicitar un porcentaje de la obra.

“En otros, el pedido de dinero llegaba en algunos casos a 40 mil pesos por mes según la envergadura de la obra y durante el plazo que duraba la obra. La suma de dinero es importantísima y esto repercute en lo que llamamos el costo argentino”, agregó.

En tanto, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, manifestó que fueron confiscados “efectos que son la base para la continuidad de la investigación, que tiene como objetivo llegar a la conclusión de la efectiva comisión del delito de extorsión, que prevé penas de hasta 20 años para las personas involucradas”.

“El procedimiento ha sido muy exitoso. Es una tarea que hizo el fiscal Zorzano en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La envergadura que tiene esto en términos institucionales queda de manifiesto por la envergadura del procedimiento”, añadió el funcionario en declaraciones publicadas por Infobae.

Las denuncias contra los gremialistas fueron presentadas por firmas constructoras, que sostuvieron que la cúpula sindical les exigía retornos para la adjudicación de las obras, que eran paralizadas en caso de no pagar los sobornos.

En septiembre pasado, tras la detención del secretario general de la UOCRA de La Plata Juan Pablo “Pata” Medina, la gobernadora María Eugenia Vidal había señalado que en Bahía Blanca se estaba viviendo “una situación similar”.

Por su parte, el fiscal general de Bahía Blanca, Juán Pablo Fernández, consideró que la detención de los sindicalistas de la UOCRA “es una señal para quienes realizan prácticas de naturaleza mafiosa”.

“Fueron 19 allanamientos y diez detenidos hasta el momento. Es una señal para quienes realizan estas prácticas de naturaleza mafiosa para que sepan que este tipo de cosas no pueden seguir pasando en nuestro paÍs”, manifestó Fernández.

“Estamos hablando de muchísimo dinero porque en algunos casos se exigía dinero en función de la envergadura de la obra y por la cantidad, porque de cada obra se llevaban su tajada”, añadió en declaraciones publicadas por el diario La Nueva Provincia.