Según un documento de los servicios jurídicos del Estado, difundido por medios locales, el nombramiento de Puigdemont violaría el reglamento del Parlamento regional y el Estatuto de Autonomía, los cuales exigen la presencia del candidato para asumir el puesto.

Establecido en Bélgica desde octubre, el cesado mandatario aspira a dirigir nuevamente la Generalitat, pese a encontrarse en el exterior y en peligro de ser detenido una vez que regrese a territorio español.

No obstante, la administración de Mariano Rajoy recordó que las normas locales establecen que los diputados tienen ‘el deber de asistir a los debates y votaciones del Pleno y de las Comisiones de las que son miembros’, por lo cual se descarta una candidatura no presencial.

Además, señala que la ley impide delegar en otros la defensa del programa y las competencias relativas al gobierno de la región.

Por otra parte, el texto indica que ante cualquier situación anómala o decisión cuestionable de la Mesa del Parlament, Madrid presentará un recurso por inconstitucionalidad para suspenderla.